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La representación y defensa judicial de personas con discapacidad se rige hoy por un modelo centrado en los derechos humanos y la autonomía personal.
La representación y defensa judicial de personas con discapacidad ha experimentado una profunda transformación tras la aprobación de la Ley 8/2021, que adapta el ordenamiento español a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por el Estado español, y el Decreto Ley 19/2021, que adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad.
La reforma de 2021 supuso un cambio estructural: ya no existe la incapacitación judicial como regla general, sino la adopción de medidas de apoyo ajustadas a cada caso concreto a las necesidades de la persona. El modelo actual abandona el sistema tradicional de incapacitación y lo sustituye por un sistema de apoyos, reforzando el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona.
En este artículo analizamos cómo funciona la representación y defensa judicial de personas con discapacidad en especial intelectual, conforme a la legislación procesal vigente.
La capacidad jurídica es la capacidad de toda persona para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona en situación de discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y en igualdad de condiciones con las demás personas (art. 12 de la Convención). Esto implica que, en principio, toda persona puede:
La discapacidad no implica automáticamente falta de capacidad procesal.
Cuando la persona tiene limitaciones que le dificultan el ejercicio pleno de su capacidad, ya sean limitaciones en el funcionamiento cognitivo o de conducta adaptativa, etc. Si necesita ayuda para ejercer su capacidad, existen medidas de apoyo según el grado de necesidad que precise para que pueda ejercerla, tales como:
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece reglas específicas sobre capacidad y representación procesal.
La LEC distingue entre:
La capacidad para ser parte es la aptitud jurídica para ser titular de derechos y obligaciones dentro de un proceso judicial ya sea como parte demandante o parte demandada. La ley procesal establece que podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles, todas las personas físicas. La persona con discapacidad puede ser parte al ser titular de derechos y obligaciones.
La capacidad procesal es la capacidad para actuar, comparecer en juicio y ejercer actos procesales válidos. Tras la reforma de 2021 la persona con discapacidad puede actuar por sí misma, salvo que exista una medida judicial de apoyo que establezca su representación (asistencia representativa). En el caso de personas con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, es la resolución judicial que las ha establecido la que determina su alcance y contenido.
En todo caso las personas con discapacidad y personas mayores tienen derecho a participar en el proceso en condiciones de igualdad en todas las fases y actuaciones procesales. Para ello el juzgado debe efectuar las adaptaciones y ajustes necesarios.
La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.
El Ministerio Fiscal interviene cuando:
Su función es garantizar la protección de la persona vulnerable.
La reforma de 2021 conllevó también la modificación de la LEC para regular los procedimientos de provisión de apoyos. Estos procesos, en síntesis:
En términos generales:
Cualquier persona puede designar abogado y procurador para que la defiendan y representen, respectivamente. Ello es de aplicación tanto en el procedimiento de provisión de apoyos, como en las medidas cautelares. La designación de abogado y procurador, puede realizarse incluso en los casos en que la ley no exija la comparecencia obligatoria con dichos profesionales.
No afecta a la libertad de elección el que la persona tenga una discapacidad intelectual, siempre y cuando tenga suficiente capacidad para formar su voluntad. No es preciso tener una especial capacidad cognitiva y volitiva para saber que se quiere la defensa o consejo de un abogado, especialmente cuando una persona tiene que relacionarse con un órgano judicial. El derecho de una persona con discapacidad a manifestar el deseo de ser asistido y a elegir al abogado y procurador para que le defiendan y representen se da incluso en casos en que la persona tiene un grado de Alzheimer moderado- severo si no existe prueba suficiente de que el grado de discapacidad le impide conformar su voluntad.
Si la persona con discapacitat tiene designada medida de soporte representativa, será el asistente quien podrá asistirla o represnetarla, según el alcance de la resolución judicial en la elección de abogado y procurador para la tramitación de un procedimiento judicial.
El defensor judicial se nombra cuando:
Se trata de una figura puntual y limitada al procedimiento específico.
Cuando haya de nombrarse un defensor judicial el Ministerio Fiscal asume la representación y defensa de la persona con discapacidad hasta que se produzca el nombramiento.
La representación y defensa judicial de personas con discapacidad se rige actualmente por un modelo centrado en los derechos humanos y la autonomía personal. La normativa actual se basa en:
El nuevo sistema supone un cambio de paradigma: de la sustitución en la toma de decisiones, al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica. La aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina que, judicialmente la persona con discapacidad:
Los órganos judiciales deben garantizar:
Sí. Tras la reforma introducida por la Ley 8/2021 y el Decreto Ley 19/2021 en Cataluña, la persona con discapacidad conserva su capacidad jurídica. Solo si existe una medida judicial que establezca representación podrá actuar el asistente en su nombre.
No. El procedimiento de incapacitación ha sido sustituido por procedimientos de provisión de apoyos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria
Asistencia de soporte: el asistente acompaña y asesora, pero la decisión corresponde a la persona.
Asistencia representativa: el asistente actúa en nombre de la persona. Es excepcional y requiere justificación expresa.
En caso de conflicto de intereses, el juez puede nombrar un defensor judicial para ese procedimiento concreto.
Sí. Las medidas deben revisarse periódicamente para adaptarse a la situación real de la persona y evitar restricciones innecesarias.
Sí. Tiene derecho a ser oída, a contar con defensa letrada y a recurrir la resolución judicial si no está conforme.
Campos Catafal es un despacho de abogados en Barcelona, que lleva asesorando y representando a sus clientes desde 1983. Recuerde que el presente artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal de un abogado. Si desea nuestro asesoramiento profesional sobre este tema, contacte con nosotros.
Imagen de Aline Dassel en Pixabay
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