Demande de Devis (sans engagement)
En primer lugar es importante tener en cuenta que la expresión «enfermedad mental discapacitante«, se utiliza en 3 ámbitos:
Con dicha expresión se describen trastornos mentales que, independientemente de la causa de su origen, producen limitaciones funcionales relevantes y pueden dar lugar al reconocimiento de una discapacidad o de una situación de dependencia, o al establecimiento de medidas de apoyo a la discapacidad.
En términos generales en un informe jurídico suele definirse la enfermedad mental discapacitante como una alteración psíquica de carácter persistente que ocasiona limitaciones significativas en el funcionamiento personal, familiar, social o laboral de la persona y que, por su entidad, puede dar lugar al reconocimiento administrativo de un grado de discapacidad conforme al Real Decreto 888/2022, o a la adopción de medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica previstas en la Ley 8/2021 y en Decreto Ley 19/2021, aplicable hasta la entrada en vigor de la reforma del Código Civil de Cataluña, en febrero de 2027. Tal reconocimiento no implica por sí solo la pérdida de la capacidad para adoptar decisiones.
Por otra parte, desde un punto de vista jurídico hay que distinguir tres conceptos que frecuentemente se confunden:
El trastorno mental se diagnostica clínicamente de acuerdo con las clasificaciones internacionales (como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11 o el DSM-5-TR).
Son ejemplos de enfermedad mental:
Hay que tener en cuenta que la existencia de una enfermedad mental no implica por sí misma, la existencia de discapacidad ni incapacidad para decidir.
La actual normativa relativa a los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social define a la persona con discapacidad como la persona que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales previsiblemente permanentes que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos.
En consecuencia, una enfermedad mental se considerará discapacitante, en general, cuando produzca limitaciones importantes y persistentes en ámbitos tales como:
No obstante, no es el diagnóstico lo que determina la discapacidad necesitada de apoyo, sino el grado de limitación funcional o intelectual que produce.
Tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, y el Decreto Ley 19/2021 la enfermedad mental no supone la pérdida automática de la capacidad jurídica. Judicialmente ya no se declara «incapaz» a una persona por padecer una enfermedad mental. Actualmente se tramitan los procedimientos para la provisión de apoyos para que la persona pueda ejercer su capacidad en igualdad de condiciones. En dichos procedimientos, los jueces deben valorar:
En consecuencia, puede suceder que una persona puede tener, por ejemplo:
Cada decisión debe valorarse de forma individual.
En primer lugar destacar que el abogado no solo ayuda a resolver problemas legales, sino que también contribuye a defender la dignidad, la autonomía y la inclusión social de la persona con enfermedad mental. Su trabajo, coordinado cuando sea necesario con profesionales sanitarios y sociales, puede aportar seguridad y tranquilidad tanto a la persona afectada como a su familia.
Así pues, un abogado puede desempeñar un papel importante en la protección de los derechos de una persona con una enfermedad mental discapacitante y en el apoyo a sus familiares, a fin de garantizar que la persona reciba un trato digno, justo y respetuoso, y que pueda ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Asesorar sobre los derechos legales de la persona y ayudar a presentar solicitudes, reclamaciones o recursos cuando se deniegue una prestación o no se reconozcan adecuadamente sus necesidades.
En los casos en los que la enfermedad dificulte la toma de decisiones, el abogado puede informar sobre las medidas de apoyo jurídico disponibles para que la persona pueda ejercer sus derechos y expresar sus preferencias. Estas medidas deben respetar su voluntad, sus deseos y sus necesidades, evitando limitar su autonomía de forma innecesaria.
Para la familia, contar con asesoramiento jurídico permite conocer sus derechos y responsabilidades, comprender los procedimientos legales y encontrar soluciones adecuadas para proteger el bienestar de su ser querido.
En resumen, la denominada «enfermedad mental discapacitante» podemos decir que no constituye una categoría jurídica autónoma, sino una expresión descriptiva utilizada para referirse a un trastorno de salud mental que afecta de manera importante y prolongada a la vida de una persona. Puede dificultar sus actividades cotidianas, sus relaciones sociales, así como su capacidad para cuidar de sí misma y tomar decisiones. Sin embargo, cada persona vive la enfermedad de forma diferente.
Hay que tener en cuenta que para la persona afectada, esta situación puede suponer un gran desafío. Experimentar tristeza, miedo, ansiedad, confusión, aislamiento social o dificultades para tomar decisiones y mantener una rutina diaria. Puede necesitar ayuda para realizar tareas básicas, seguir un tratamiento médico o desenvolverse en su entorno. Además puede enfrentarse a la incomprensión, los prejuicios y la discriminación, lo que puede afectar a su autoestima. Es importante comprender que una enfermedad mental discapacitante no define a la persona ni elimina sus capacidades, sus sentimientos o sus posibilidades de mejorar.
También para los familiares, la enfermedad puede tener un impacto importante. A menudo sienten preocupación, incertidumbre o impotencia al ver sufrir a su ser querido. Además, pueden asumir responsabilidades relacionadas con los cuidados, las citas médicas, la medicación y la organización de la vida diaria. Esta situación puede generar cansancio físico y emocional, dificultades económicas y cambios en las relaciones familiares.
En conclusión, estas enfermedades afectan tanto a quien las padece como a su entorno familiar. La comprensión, la paciencia, y el respeto son esenciales para afrontar las dificultades. La atención debe centrarse en la persona, sus necesidades y sus capacidades, favoreciendo su dignidad, inclusión social y bienestar y proporcionarle las medidas de apoyo que sean precisas e indispensables para ayudarla.
Campos Catafal es un despacho de abogados en Barcelona, que lleva asesorando y representando a sus clientes desde 1983. Recuerde que el presente artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal de un abogado. Si desea nuestro asesoramiento profesional sobre este tema, contacte con nosotros.
Este sitio utiliza cookies y tecnologías similares para ofrecerle una navegación personalizada y mejorar nuestros servicios, así como para fines estadísticos. Si continúa navegando por este sitio, acepta haber sido informado de ello. Más información
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.