Demande de Devis (sans engagement)
¿Qué ocurre si una persona con discapacidad intelectual a la que se le ha designado judicialmente como medida de apoyo una persona con facultades representativas (curador en el derecho español, asistente en la legislación catalana) presenta demanda el divorcio sin autorización de la persona de apoyo?.
En anteriores comentarios hemos mencionado que la voluntad de la persona con discapacidad intelectual es primordial. Que en un procedimiento de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad, el Juzgado, a fin de determinar si proceden estas medidas de apoyo, debe tener en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad, siempre que se pueda averiguar.
Pues bien, en relación a esta cuestión hacemos un comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2024 relativa a la determinación del alcance de la voluntad de la persona con discapacidad intelectual con medida de apoyo representativa.
Los hechos tratan del divorcio instado respecto a un matrimonio celebrado en 1975, del que nacieron 4 hijos todos mayores de edad en el momento del divorcio. El marido se jubiló en 2020 y tiene una pensión mensual de 2.100 euros. Su esposa nunca había trabajado fuera de casa.
En 2018, la esposa abandonó el domicilio familiar y se trasladó a la vivienda de una hija. Fue entonces cuando se instó a un proceso de modificación de la capacidad del marido, quien se opuso. Este procedimiento concluyó con sentencia en 2020.
La Sentencia dictada en el procedimiento de provisión de soportes, acordó la modificación parcial de la capacidad del marido. Nombró a una hija, la que vivia con la madre, como curadora (asistente en la legislación catalana).
Entre las medidas de apoyo adoptadas, estaba la de que sería necesaria la autorización del curador para la realización de los «actos jurídicos, económicos y mercantiles complejos y para la supervisión de su tratamiento médico y todo lo relativo a su salud».
En 2021 la persona con discapacidad presentó demanda de divorcio sin el apoyo del curador. Así pues, la demanda se presentó al poco tiempo de adquirir firmeza la sentencia del procedimiento de provisión de soportes.
La persona con discapacidad, el marido, pidió que se declarara la disolución por divorcio del matrimonio, con las oportunas peticiones en relación con el domicilio familiar y la pensión compensatoria a favor de la esposa.
Del domicilio familiar, que ocupaba en régimen de alquiler, pidió que se le atribuyera su uso. Por un lado, porque su interés era el más necesitado de protección; por otra, su mujer había abandonado el domicilio voluntariamente en 2018.
La esposa se opuso a la petición de divorcio. Alegó la capacidad limitada de su marido y su supeditación a la autorización del curador para la realización de actos jurídicos. En definitiva alegaba:
El Juzgado de Primera Instancia decretó el divorcio. Estimó en este aspecto la demanda de divorcio interpuesta por la persona con discapacidad. Acordó las medidas pertinentes respecto a la pensión compensatoria.
Interpuesto recurso de apelación por la esposa, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación presentado. Confirmó íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.
Con carácter previo a dictar su sentencia, el Tribunal citó a las partes, a la hija y curadora, y al Ministerio Fiscal en el acto de la vista. Al acto acudió la persona con discapacidad junto a su abogado. En ese acto se dio audiencia a la hija y curadora de la persona con discapacidad, quien manifestó que a ella personalmente le constaba que le había dicho su padre que no quería mantener su demanda de divorcio. Luego fueron escuchados en conclusiones los abogados de ambas partes y el Ministerio Fiscal.
La sentencia de apelación confirma la legitimación del marido para pedir el divorcio sin necesidad de soporte o complemento de la capacidad, en base a:
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto y confirma la Sentencia de la Audiencia Provincial.
Cabe destacar que el Ministerio Fiscal estaba a favor de que se estimase el recurso de casación. Considera que no era la voluntad actual del marido la de divorciarse, en base a:
Con el fin de apreciar si la demanda de divorcio era un acto jurídico complejo por el que el marido necesitaba el apoyo del cuador, el Tribunal Supremo analiza el contenido de la medida adoptada en el procedimiento de provisión de apoyos.
Entiende que del contenido de las medidas de apoyo acordadas no se puede desprender, que para pedir el divorcio fuera necesaria la intervención de la curadora. Según la medida de apoyo acordada, la necesidad de intervención de la curadora alcanzaba, en el ámbito patrimonial, la realización de actos jurídicos, económicos y mercantiles complejos.
Así pues, los «actos jurídicos complejos» a los que se refiere la sentencia de provisión de apoyos son de naturaleza patrimonial y no personal. Por lo tanto, no incluyen la petición de divorcio.
Cuestión distinta es que pudieran concurrir indicios suficientes que permitieran cuestionar que existiera de verdad esta voluntad de pedir el divorcio en la acutalidad.
Se plantea la cuestión a raíz de las manifestaciones de la curadora conforme a su padre ya no quería el divorcio. El Ministerio Fiscal, considera que frente a estos indicios, el tribunal habría dejado de verificar la real voluntad del marido, mediante una entrevista o exploración.
Según el Tribunal Supremo, la entrevista del juez o tribunal con la persona con discapacidad se prevé con carácter necesario en el procedimiento judicial encaminado a resolver sobre las medidas de apoyo. Tanto en el de jurisdicción voluntaria (art. 42 bis.b.3 LJV), como en el procedimiento contradictorio (art. 759.1.1º LEC).
Fuera de estos procedimientos, la ley no impone al tribunal realizar esta entrevista con una persona con discapacidad que se vea afectada por el resultado del procedimiento.
Sin embargo, no es necesario excluir que en casos muy excepcionales en que concurran circunstancias, especiales y relevantes, que constituyan indicios evidentes de esta distorsión de la voluntad, un tribunal pueda acordar de oficio la entrevista con esa persona.
Partiendo de la actual normativa, el Juzgador, para pronunciarse sobre la procedencia de medidas de apoyo judiciales, debe tener en cuenta la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. A este respecto, el Tribunal Supremo, entiende que en el caso analizado, la Audiencia Provincial habría podido realizar una indagación más directa sobre la voluntad la persona con discapacidad con una entrevista, sin embargo, obtiene el convencimiento de cuál es su voluntad actual de otros elementos
El Tribunal de Apelación llega al convenimiento de la voluntad de la persona con discapacidad de:
Por tanto, el Tribunal de Apelación había adoptado medios proporcionados para corroborar que la persona con discapacidad persistía en la voluntad de divorciarse.
Indagar la verdadera voluntad de la persona con discapacidad intelectual es un trabajo que resulta importante a la hora de decidir cuál es la mejor opción a la hora de solicitar una medida de apoyo. En la demanda deberá determinarse y acreditarse cuidadosamente cuál es el alcance que cada medida de apoyo para que el Juzgado dictamine con precisión cuáles son las capacidades que necesitan apoyo.
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Foto de Vlad Chețan
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