Demande de Devis (sans engagement)
Entender la diferencia entre discapacidad y dependencia es fundamental para acceder correctamente a los derechos y ayudas establecidos por las leyes. Aunque a menudo se utilizan ambos términos de forma indistinta, se trata de conceptos diferentes por naturaleza, valoración y efectos legales y administrativos. En este artículo abordaremos qué significa cada término, sus implicaciones prácticas y por qué su correcta distinción es esencial en contextos jurídicos, sanitarios.
La discapacidad es una situación que resulta de la interacción entre una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial y las barreras del entorno que limitan la plena participación de una persona en la sociedad. No es una enfermedad en sí misma, sino una condición que afecta a la autonomía personal, al acceso al trabajo, a la educación o a la movilidad.
Según el artículo 1 de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha en Nueva York en 2006, ratificada por España en 2008, “las personas con discapacidad incluyen a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.»
Es importante destacar que una persona puede tener una discapacidad sin necesitar ayuda diaria para las actividades básicas de la vida. Por ejemplo, alguien con sordera profunda puede tener una discapacidad reconocida sin estar en situación de dependencia.
Por otra parte, la dependencia hace referencia a la necesidad de ayuda regular para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como comer, lavarse, vestirse o desplazarse.
La dependencia se define en el artículo 2 de la Ley de dependencia como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal..»
A diferencia de la discapacidad, la dependencia implica una relación de necesidad continua o habitual respecto de otra persona, sea un familiar, un cuidador profesional o una institución.
Así pues, la diferencia entre discapacidad y dependencia radica en que la primera es una condición funcional, pero no implica necesariamente la necesidad de cuidados constantes como la dependencia.
No toda persona en situación de discapacidad es una persona dependiente de terceras personas. Una persona con discapacidad puede ser plenamente autónoma, mientras que una persona dependiente necesita ayuda externa, aunque no tenga una discapacidad reconocida oficialmente, por ejemplo el caso de una persona mayor dependiente por razón de la edad.
La distinción clara entre discapacidad y dependencia es clave a nivel judicial, especialmente con el nuevo criterio legal respecto a la incapacitación judicial implantado con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que reformó el Código Civil común para adaptarlo a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Normativa adaptada a Cataluña con el Decreto Ley 19/2021. Esta nueva normativa sustituyó los procedimientos de incapacidad judicial por la adopción de medidas de apoyo al derecho a decidir.
Las medidas de apoyo, tales como asistencia, acompañamiento o figura del curador, se otorgan teniendo en cuenta si la persona puede ejercer su voluntad con los apoyos adecuados.
La finalidad de las medidas de apoyo, que se solicitan mediante el procedimiento de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad, es facilitar a la persona en situación de discapacidad el pleno ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones de los demás ciudadanos, y ello en cualquier ámbito en que le sea necesario. Los ámbitos más frecuentes son:
En el ámbito jurídico, tener una discapacidad no implica automáticamente estar incapacitado para ejercer su plena capacidad jurídica, ni tener dependencia. Una persona con discapacidad intelectual leve puede tomar decisiones legales con soporte puntual, incluso sin la suplantación de su voluntad, como es la asistencia representativa. Sin embargo, una persona con gran dependencia (como en una demencia avanzada) puede requerir una medida más estable, continuada y una figura de apoyo representativa, con suplantación de su voluntad.
Por lo tanto, conocer bien la diferencia entre discapacidad y dependencia, puede ayudar a garantizar derechos y libertades, evitando decisiones judiciales excesivas o paternalistas, y buscar una protección estrictamente adecuada a la persona.
Tanto la discapacidad como la dependencia dan acceso a ayudas y prestaciones a nivel administrativo, pero gestionadas por vías distintas. Comprender la diferencia entre discapacidad y dependencia es fundamental para solicitar correctamente cada ayuda.
Referente a la discapacidad, en Cataluña, como en el resto del Estado, se evalúa y se reconoce administrativamente mediante un grado de discapacidad, expresado en porcentaje (del 0% al 100%). A partir del 33%, se considera que una persona tiene una discapacidad que le faculta a obtener distintos beneficios. La valoración la realizan los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de cada comunidad autónoma, teniendo en cuenta factores médicos, psicológicos y sociales.
Las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33% pueden acceder administrativamente a ayudas tales como:
En Cataluña, la dependencia se regula por la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la llamada Ley de Dependencia, y se gestiona a través del Departamento de Derechos Sociales. La evaluación la realizan equipos técnicos de los servicios sociales públicos. La dependencia se clasifica en tres grados:
Las personas con dependencia reconocida pueden acceder a servicios y prestaciones como:
Aunque en algunos casos coinciden, el reconocimiento del grado de dependencia y de discapacidad son reconocimientos independientes. Alguien puede tener grado de dependencia sin discapacidad, o viceversa. La separación ayuda a una mejor atención y gestión de los recursos públicos.
Además de beneficios sociales, la discapacidad y la dependencia pueden dar derecho a ventajas fiscales. Conocer la diferencia entre discapacidad y dependencia permite saber qué deducciones o bonificaciones son de aplicación.
En el ámbito del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), existen deducciones por discapacidad propia o de familiares a cargo (cónyuge, hijos, padres), a partir del 33% de discapacidad reconocida. Algunas ventajas son:
En cuanto al IVA, existe un tipo reducido del 4% para productos y servicios destinados a personas con discapacidad (vehículos adaptados, ayudas técnicas, reformas en el domicilio, etc.).
En el caso de la dependencia, los gastos derivados de servicios como residencias o asistencia domiciliaria pueden ser deducibles, especialmente si están relacionados con grados II o III y si el contribuyente o familiar dependiente cumple los requisitos de renta.
La diferencia entre discapacidad y dependencia no es tan sólo una cuestión técnica, sino una herramienta para garantizar los derechos, dignidad y acceso a los servicios. Conocerla y reconocerla correctamente es esencial para evitar errores en el acceso a ayudas, en las decisiones jurídicas y en las políticas públicas.
Una persona con discapacidad puede no necesitar ayuda diaria y una persona dependiente puede no tener una discapacidad reconocida. Por eso, se debe valorar cada caso de manera individualizada, para pedir los soportes adaptados a la realidad de cada persona.
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Imagen de Gerd Altmann en Pixabay
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