Demande de Devis (sans engagement)
La transición entre ser una persona plenamente autónoma e independiente a necesitar ayuda externa por edad, enfermedad o discapacidad, no suele ser fácil. Por suerte, en la mayoría de las casos la transición se realiza de forma escalonada, lo que ayuda a una mayor facilidad de adaptación.
Más allá del ámbito sanitario y social, las situaciones de discapacidad y dependencia en personas mayores requieren un enfoque jurídico especializado que garantice la protección de derechos, la autonomía personal y la adecuada provisión de apoyos legales en las diferentes etapas.
Por eso, en este artículo hemos querido abordar de forma esquemática, y desde una perspectiva profesional y orientada al asesoramiento, las diferentes etapas de protección jurídica en materia de provisión de apoyos y derecho sanitario, de acuerdo con la legislación actual.
Dependiendo de las circunstancias de cada persona, se dan diferentes etapas, que están vinculadas entre sí, ya que la dependencia suele ser progresiva. Por lo tanto, los medios de protección se interrelacionan siendo utilizados en diferente medida según la etapa en la que se encuentra la persona.
En fases iniciales, cuando la persona mantiene su capacidad de decisión, el asesoramiento legal es importante para anticipar posibles situaciones futuras de discapacidad. La prevención implica tener en cuenta diferentes circunstancias que pueden darse en las que habrá de adoptarse decisiones tales como, entre otras, dónde y con quién vivir en caso de pérdida de capacidad, cómo controlar el patrimonio, qué medidas de protección adoptar, etc.
En esta etapa existen varios instrumentos jurídicos que pueden ayudar como son:
El objetivo legal es garantizar el respeto a la autonomía personal y el cumplimiento de la voluntad real de la persona incluso en situaciones de deterioro cognitivo.
Cuando comienzan a aparecer dificultades funcionales o cognitivas leves, es necesario implementar medidas de apoyo proporcionales a las necesidades de la persona.
En esta etapa de deterioro leve, se prioriza la mínima intervención respetando la capacidad jurídica de la persona. En el caso de tramitación de un expediente de provisión de soportes elementales se procura que los soportes no vulneren la capacidad de decisión de la persona. Por otra parte, en la contratación de soportes, es esencial controlar que las cláusulas del contrato sea claras y protejan los derechos de la persona más vulnerable.
La etapa de dependencia reconocida suele darse cuando la persona tiene un deterioro leve-moderado.
Cuando existe una situación de dependencia formalmente reconocida, además de las medidas judiciales de apoyo adecuadas, entran también en juego derechos subjetivos exigibles ante la Administración.
Cuando la persona ya no puede autogestionarse adecuadamente, el ordenamiento jurídico establece medidas de apoyo, que pueden solicitarse a través del procedimiento judicial de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad.
En este caso, las medidas de apoyo suelen incluir la representación de la persona con discapacidad en distintos ámbitos como son salud, patrimonio y personal.
Evidentemente, en situaciones de deterioro grave o enfermedad avanzada, el derecho sanitario adquiere especial relevancia y, en consecuencia, es relevante la protección de los derechos del paciente vulnerable bajo el marco de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente
En primer lugar, destacar que, tal y como dispone la actual normativa, las personas vulnerables deben poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, las personas con discapacidad están protegidas por el mismo marco jurídico del derecho a la salud que el resto de ciudadanos y tienen el derecho de ser protegidas en el ejercicio de sus derechos del paciente. Pues bien, este marco jurídico incluye, entre otros derechos el de controlar la propia salud, el de no ser discriminado, el de tomar las decisiones que afecten a la propia salud e integridad corporal o el derecho al consentimiento libre e informado.
En consecuencia, uno de los mayores retos que se plantean es la correcta coordinación entre:
Así pues, el asesoramiento integral debe garantizar una coherencia entre decisiones médicas, medidas de apoyo y protección patrimonial.
Los riesgos legales más frecuentes tienen que ver con:
La experiencia enseña que un asesoramiento jurídico eficaz necesita:
En resumen, respecto al asesoramiento en los temas relativos a la discapacidad y la dependencia de las personas mayores exige un enfoque jurídico preventivo, progresivo y centrado en la persona y el respeto a su dignidad. La evolución normativa del derecho civil a este respecto, especialmente después de la reforma civil y procesal en materia de discapacidad que se produjo en 2021, ha supuesto un cambio de paradigma.
En la actualidad se ha establecido un modelo centrado en la persona, priorizando su voluntad, preferencias y derechos fundamentales. Lentamente se ha ido implementando en las sedes judiciales y en la mentalidad de las personas que tienen a su cargo personas mayores o personas con discapacidad el paso de la normativa basada en la sustitución de la voluntad, a la que establece la provisión de apoyos para ejercer la capacidad en igualdad de condiciones en todos los ámbitos, civil y de la salud.
El asesoramiento legal especializado se convierte así en una herramienta esencial para garantizar la dignidad, autonomía y protección efectiva de las personas mayores en todas las etapas de su vida.
El sistema de protección de personas mayores con discapacidad o dependencia se fundamenta en diversas normas clave esenciales como:
Campos Catafal es un despacho de abogados en Barcelona, que lleva asesorando y representando a sus clientes desde 1983. Recuerde que el presente artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal de un abogado. Si desea nuestro asesoramiento profesional sobre este tema, contacte con nosotros.
Imagen de Betty Verheij en Pixabay
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