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La representación y defensa judicial de personas con discapacidad se rige hoy por un modelo centrado en los derechos humanos y la autonomía personal.
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La herencia yacente en Catalunya es una figura jurídica de gran relevancia en el ámbito sucesorio, especialmente cuando existe un periodo intermedio entre el fallecimiento del causante y la aceptación o repudiación de la herencia por parte de los llamados a suceder. La comprensión de su correcta administración resulta esencial.
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El negocio fiduciario es un contrato civil complejo que incluye un pacto de confianza, del que es necesario entender su semejanza con el negocio simulado, los efectos legales y riesgos, especialmente cuando están implicadas personas vulnerables como las personas mayores y las personas con discapacidad.
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La asistencia representativa en el ámbito de la salud no debe ser entendida como una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, sino como un mecanismo de garantía de sus derechos.
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El autocontrato es una de las figuras jurídicas más sensibles dentro del derecho civil y del contrato de mandato. En este artículo comentamos qué es, cuándo es válido, cómo lo regula el Código Civil de Cataluña (CCCat) y qué precauciones hay que adoptar para evitar nulidades o responsabilidades.
Existe autocontrato cuando una misma persona interviene en un contrato representando a ambas partes o actúa simultáneamente en nombre propio y en nombre ajeno. Esto genera un potencial conflicto de intereses. El problema central del autocontrato es el peligro de que el representante favorezca su propio interés en detrimento del representado. Este es el motivo por el cual el ordenamiento jurídico lo regula de manera estricta.
Son ejemplos de autocontrato:
En Cataluña, la regulación se encuentra en el Libro VI del Código Civil de Cataluña, que regula las obligaciones y contratos. Además de la existencia de unos principios generales que rigen todos los actos, el artículo clave es el art. 622-25 CCCat.
El mandatario no puede ser parte contractual respecto al mandante en los asuntos objeto del mandato, salvo en estos casos:
Si el mandatario representa a varios mandantes con intereses contrapuestos, debe actuar con absoluta neutralidad e informar a todas las partes.
El mandatario debe actuar personalmente y no puede delegar el encargo sin autorización expresa. Esto evita abusos y protege al mandante frente a actuaciones no previstas.
Así pues, son requisitos de la actuación del mandatario:
| Situación / requisito | ¿Autocontrato válido? |
| Autorización expresa del mandante | ✔ Sí |
| Contrato objetivo, preciso y sin discrecionalidad | ✔ Sí |
| No hay conflicto de intereses real o potencial | ✔ Sí |
| Falta de autorización y riesgo para el mandante | ✘ No — nulo o anulable |
| Representación de intereses contrapuestos sin información | ✘ No — posible responsabilidad |
| Delegación del mandato sin autorización | ✘ No — infracción del art. 622-26 CCCat |
Si vas a celebrar un contrato que podría suponer autocontrato, hay que prever:
El autocontrato es una figura con riesgos evidentes: la coincidencia de voluntades en una misma persona convierte el contrato en un terreno propenso a abusos, fraudes o conflictos de intereses, en especial cuando están en juego los intereses de una persona es vulnerable.
El autocontrato en Cataluña está estrictamente regulado. La normativa impone límites (autorización expresa, contenido determinado, prohibiciones de actuación múltiple) que buscan garantizar la protección del representado.
Es una figura que exige cautela jurídica, especialmente en operaciones patrimoniales, societarias y representativas.
Por ello, aunque el autocontrato no está prohibido en todos los casos, solo debe utilizarse con estricta transparencia, documentación clara y, preferiblemente, con asesoramiento legal.
Campos Catafal es un despacho de abogados en Barcelona, que lleva asesorando y representando a sus clientes desde 1983. Recuerde que el presente artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal de un abogado. Si desea nuestro asesoramiento profesional sobre este tema, contacte con nosotros.
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Saber qué es la ineptitud para ser asistente en Cataluña, qué significa y cuándo se aplica es importante cuando se trata de solicitar el nombramiento de un asistente, en especial si es con funciones representativas, (antiguo tutor), de una persona con discapacidad.
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La desheredación en Cataluña: causas legales, requisitos y efectos según el Código Civil catalán. Analizamos las causas legales, los requisitos formales y los efectos de la desheredación según el Código Civil catalán, con consejos prácticos para testadores y herederos.
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La reducción de pensión alimentaria de hijo con discapacidad grave podrá darse en determinadas circunstancias. Según el criterio judicial, la pensión no se extingue al llegar a la mayoría de edad, pero puede darse la reducción de pensión alimenticia de hijo con discapacidad grave, en caso de recibir ayudas públicas y trabajar parcialmente.
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Según la jurisprudencia relativa al derecho de retracto de copropietarios en adjudicación de inmueble en subasta pública, puede ejercerse el retracto en las adjudicaciones inmobiliarias.
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El Código Civil catalán (CCCat) regula la capacidad para testar en Catalunya y los requisitos de validez del testamento. En este artículo abordamos quiénes pueden otorgar testamento, el papel del notario en el juicio de capacidad, y los supuestos de nulidad por falta de discernimiento, error, engaño o intimidación.
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La Ley de Segunda Oportunidad para personas mayores en 2025, es un mecanismo legal de protección a personas mayores, incluyendo a mujeres y hombres fiadores de negocios familiares, para reducir deudas, proteger la vivienda y recuperar la tranquilidad financiera.
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Elegir asistente legal para persona con discapacidad puede generar tensiones familiares. En este artículo analizamos los criterios para elegir asistente cuando hay conflicto entre hermanos en el Derecho civil de Catalunya
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Los errores habituales en la cesión de un local arrendado se dan con mayor frecuencia de lo que parece entre pequeños negocios y emprendedores.
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El ingreso no voluntario en residencia geriátrica en Catalunya es una medida excepcional. Afecta especialmente a personas con discapacidad y a personas mayores que no pueden decidir por sí mismas, que presentan un grave deterioro físico o cognitivo.
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Respecto a la pregunta de si ¿puedo oponerme a que se nombre una Fundación asistente de la persona con discapacidad?, la respuesta es sí. No obstante, habrá que tener en cuenta las circunstancias de cada caso en concreto. El Tribunal es, en definitiva, quien decide en base a la prueba practicada.
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En la reciente Sentencia de 1 de julio de 2025, el Tribunal Supremo reitera su doctrina respecto al desahucio por precario entre coherederos.
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En la contratación de los particulares, la validez del contrato verbal genera dudas frecuentes, pese a ser bastante habitual. Pues bien, su validez depende tanto de los requisitos legales de consentimiento, objeto y causa, como de posibles excepciones establecidas en la legislación.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una resolución en la que establece una mayor protección a los cuidadores de personas con discapacidad.
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Tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio se ha modificado un aspecto esencial de la antigua incapacitación judicial: El respeto a la persona con discapacidad como titular de derechos.
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El 9 de abril se ha dictado la Sentencia 571/2025 en la que el Tribunal Supremo refuerza la protección ante el fraude digital bancario. Ello supone un paso importante en la protección de los consumidores.
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Entender la diferencia entre discapacidad y dependencia es fundamental para acceder correctamente a los derechos y ayudas establecidos por las leyes. Aunque a menudo se utilizan ambos términos de forma indistinta, se trata de conceptos diferentes por naturaleza, valoración y efectos legales y administrativos. En este artículo abordaremos qué significa cada término, sus implicaciones prácticas y por qué su correcta distinción es esencial en contextos jurídicos, sanitarios.
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En abril de 2025 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley ha supuesto una importante modificación en la tramitación judicial de distintos procedimientos. Una de sus novedades más notables en la tramitación del proceso civil, es la introducción de los Medios Adecuados de Solución de Controversias, llamados habitualmente los MASC.
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El próximo 1 de julio de 2025 acaba el plazo para regularizar la inscripción en el Registro Único de Arrendamientos, según dispone el Real decreto 1312/2024. Todos los inmuebles dedicados a alquiler de corta duración que se comercialicen digitalmente deben tener asignado un número de registro para poder desarrollar su actividad
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La atribución del derecho de uso de la vivienda familiar en el divorcio con hijo en situación de discapacidad en Cataluña puede ser un punto de conflicto en caso de divorcio o separación de los progenitores. En especial, cuando uno de los progenitores es el titular de la vivienda pero la custodia la tiene el otro progenitor. Se genera entonces un conflicto entre el derecho de uso y el de propiedad del inmueble.
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Si bien la reforma legislativa que ha implicado la eliminación de los procedimientos de incapacidad y de la figura del tutor de persona mayor se va implementando en la percepción social, aún es habitual que en las consultas sobre las medidas de apoyo se nos pregunte qué es la asistencia representativa de una persona con discapacidad.
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La compraventa de inmuebles en Cataluña (casas, pisos, apartamentos, trasteros, aparcamientos, locales, solares o terrenos rústicos), está regulada por el Código Civil de Cataluña. Dicho código establece particularidades respecto al derecho común así como el principio de buena fe en las negociaciones previas.
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A menudo cuando el guardador de hecho de una persona mayor con discapacidad intelectual llega al agotamiento se plantea el ingreso de aquélla en una residencia. Por ello es importante conocer las obligaciones de las residencias de ancianos.
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El aval personal es un acuerdo de voluntades entre dos partes generalmente incorporado como una cláusula de un contrato. Se trata de un compromiso obligacional que implica importantes consecuencias patrimoniales.
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El Asistente de una persona con discapacidad desarrolla un trabajo muy importante y, a veces agotador. Según el grado de implicación puede ser muy estresante. Por tal motivo, un aspecto a tener en cuenta es la posible retribución del Asistente de persona con discapacidad. Ello tanto, cuando ya se ejerce el cargo de Asistente por resolución judicial, como si se está planteando serlo.
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Muchas veces una persona no se da cuenta de su necesidad de apoyos de otras personas para realizar determinadas actividades. En especial a la gente mayor, tras una vida siendo independiente no suele serle fácil admitir que necesita ayuda ajena. También hay ocasiones en que el trastorno que padece la persona le impide advertir que tiene una patología y necesita ayuda. En estos casos. ¿Existe la posibilidad de apoyos judiciales contra la voluntad de la persona con discapacidad?.
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En una reciente sentencia de fecha 14 de junio de 2024, el Tribunal Supremo ha fijado doctrina respecto del cómputo del plazo de prescripción de la acción para reclamar judicialmente la restitución de los gastos en relación a los préstamos hipotecarios con consumidores.
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¿Qué ocurre si una persona con discapacidad intelectual a la que se le ha designado judicialmente como medida de apoyo una persona con facultades representativas (curador en el derecho español, asistente en la legislación catalana) presenta demanda el divorcio sin autorización de la persona de apoyo?.
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En ocasiones la vivienda adquirida adolece de defectos que, de haber sido conocidos por el comprador, no hubiera comprado la vivienda o hubiera negociado una reducción del precio. Son los llamados vicios ocultos que en la compraventa de vivienda en Cataluña tienen su propia regulación como falta de conformidad con el contrato.
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La venta de inmueble por persona con discapacidad intelectual a la que no se haya otorgado judicialmente medidas de apoyo, es un tema complejo. Debe entenderse dentro del actual modelo legal de regulación de la discapacidad intelectual (anteriormente incapacitación). En cualquier caso, es relevante la concreción y prueba de la capacidad de comprender con que se ha otorgado el consentimiento al firmar el contrato.
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Como ya comentamos en nuestra entrada referida al contrato de arras en la compraventa de inmueble, muchas veces no se tiene en cuenta para vendedores y compradores la importancia de este contrato para evitar futuros litigios. Esto resulta más trascendente cuando hablamos del contrato de arras penitenciales en la compraventa de vivienda.
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El abuso económico de la persona mayor es uno de los problemas al que tenemos que enfrentarnos cuando nos hacemos mayores, y lamentablemente mucho más habitual de lo que podría pensarse. Con el paso de los años se produce inevitablemente un deterioro natural de nuestras capacidades. Este deterioro, aunque no signifique que la persona sufra de incapacidad o dependencia, la hace más vulnerable ya que puede limitarla para realizar determinadas tareas.
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El 3-9-2024 termina el plazo establecido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, para revisar las sentencias de incapacitación y modificación de la capacidad, dictadas antes de la entrada en vigor de dicha ley.
La Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, modificó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídico, tal y como comentamos en nuestro artículo sobre el nuevo criterio legal respecto a la incapacitación judicial.
Con la nueva regulación de 2021 se modificó de forma decisiva el sistema de declaración de incapacidad de las personas.
En la legislación anterior, Se entendía que una persona se hallaba en situación de incapacidad cuando sufría enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas persistentes que le impedían gobernarse por sí misma. Las personas que se encontraban en una situación de incapacidad quedaban sin poder ejercer efectivamente sus derechos. Se las declaraba incapaces, o se les modificaba su capacidad de obrar, y se les designaba un tutor mediante sentencia judicial. Toda actuación se realizaba siempre por el tutor designado judicialmente, aunque en ocasiones no fuera necesario.
Por el contrario, en la actual legislación se prioriza la autonomía individual de la persona en situación de discapacidad. Ya no se modifica ni declara la incapacidad de una persona. Se busca que pueda tomar sus decisiones y ejercer su capacidad con un sistema de soportes adecuado para su caso en concreto.
En consecuencia, ha desaparecido la tutela de las personas mayores de edad. En Cataluña, con la aplicación del Decreto Ley 19/2021 de 31 de agosto por el que se adaptó el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad, han tomado el lugar de la tutela medidas de apoyo como la “guarda de hecho y la “Asistencia” representativa o no.
Según la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ley 19/2021, “a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, tutela, curatela y potestad parental prorrogada o rehabilitada, reguladas por las disposiciones del título II del libro segundo del Código Civil de Cataluña no se pueden constituir en relación a las personas mayores”.
Estamos ante un cambio radical en la forma de entender la situación de discapacidad de una persona. No se trata de un cambio de nombre o de la mera adaptación de figuras existentes. Se trata de un nuevo sistema de apoya a las personas que sufren una discapacidad de forma adecuada a sus necesidades concretas.
Por ello, la ley establece la revisión dentro del plazo de 3 años desde su entrada en vigor, para revisar las sentencias de incapacitación o modificación de la capacidad dictadas con fundamento en la anterior legislación. Es necesario que todas las situaciones de discapacidad se adapten a la nueva forma de entender la que se llamaba «incapacidad».
Evidentemente, tal y como hemos dicho, debe analizarse cada caso en concreto. Sin embargo, hay unas modificaciones esenciales que deben realizarse, como son:
Algunas de las preguntas más habituales que nos formulan nuestros clientes son:
Pues bien, como hemos dicho, la Ley 8/2021 concede inicialmente a las personas con discapacidad y/o a las personas que están ejerciendo las medidas de apoyo, la posibilidad de solicitar su revisión durante un tiempo prudencial. Si no existera esta solicitud, el juez que fijó el apoyo o a instancia del Ministerio Fiscal ha de proceder a dicha revisión en un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor el 3-9-2021 de la ley 8/2021, es decir, hasta el 3-9-2024.
Pueden solicitar, en cualquier momento, de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se han establecido antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021:
Una cuestión importante a tener en cuenta, es que los tutores de personas mayores de edad designados judicialmente antes de la vigencia de la Ley 8/2021, dado que el cargo de tutor ya no es factible con la nueva legislación, se pueden encontrar que en caso de no aportar la documentación que acredite la revisión de su cargo y su nueva designación como asistente dentro del plazo establecido por la Ley (es decir hasta el 3-9-2024 como hemos dicho al principio) sus facultades de representación venzan y ya no puedan actuar en representación de la persona con discapacidad por ejemplo frente a las entidades bancarias.
La revisión de las sentencias dictadas con anterioridad a la Ley 8/2024 es una medida establecida en beneficio de la persona con discapacidad, quien siempre es prioritaria. Es no sólo una necesidad para la adaptación al nuevo criterio legal ante una persona en situación de discapacidad; sinó también una medida de protección para evitar ningún perjuicio a la persona con discapacidad.
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La guarda de hecho y la asistencia son dos instituciones contempladas en el Código Civil de Catalunya para la protección de las personas que se encuentren en situación de discapacidad.
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El ámbito de protección de las personas mayores abarca distintos campos. Envejecer no es fácil y menos aun cuando se produce el declive intelectual con cambios patológicos en el cerebro de una persona. En tales casos, la protección de las personas mayores se convierte en una necesidad esencial.
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Una de las grandes preocupaciones actuales; en especial para los pequeños propietarios que alquilan una vivienda como parte de sus ingresos; es la de la ocupación ilegal de su propiedad. No sólo pierden sus ingresos, también existe la responsabilidad civil por daños causados por ocupantes ilegales.
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Hoy en dia, las personas con dependencia reciben los cuidados principalmente de sus familiares. En especial son las mujeres quienes se encargan del cuidado de la persona con discapacidad. Ejercen la guarda de hecho y asumen la responsabilidad de su cuidado, compaginándolo, en muchas ocasiones, con su actividad laboral fuera de casa.
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La situación de herencia yacente que se dilata en el tiempo es más habitual de lo que podría pensarse, y tiene importantes repercusiones respecto de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la masa patrimonial hereditaria; ello tanto si se trata de una herencia compleja, cuantiosa o de la herencia de una persona que tenía deudas.
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Recordemos que la insolvencia es la falta de capacidad de pagar las deudas. Todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, pueden encontrarse en una situación de insolvencia; y más en una época de crisis financiera como la que se está viviendo, con la persistencia de un déficit público elevado. Muchas familias endeudadas apenas llegan a final de mes y mucho menos pueden atender las obligaciones en plazo. Por ello, insolvencia y concurso de acreedores de persona física están a la orden del día.
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El procedimiento de provisión de medidas de apoyo a personas con discapacidad es a lo que nos referimos en la actualidad al hablar de incapacitación. Cuando una persona adulta ha perdido la capacidad de autogobierno por una patología (demencia, Alzhéimer, etc), es normal pensar en su incapacitación para protegerla. No obstante, los procesos de incapacitación y de modificación de la capacidad han desaparecido en la actual normativa, al igual que la tutela de adultos.
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La práctica general en la compraventa de inmuebles es que el comprador tenga que solicitar financiación a la entidad bancaria para tener el capital suficiente para la compra. Tal financiación acostumbra a ser mediante préstamo hipotecario. Pues bien, la legislación inmobiliaria catalana tiene prevista la posibilidad de rescisión de compraventa de un inmueble por denegación de hipoteca.
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Cuando fallece una persona sin haber otorgado testamento válido, se abre la sucesión intestada o «abintestato» que en Catalunya tiene su propia normativa de aplicación.
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Lentamente se van adaptando la aplicación de la nueva normativa para las personas con discapacidad que antes tenían que pasar por un procedimiento de incapacitación, y que actualmente sólo precisan la provisión de apoyos. Actualmente, la persona con discapacidad dispone de la asistencia en Catalunya.
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Dentro del sistema legal de responsabilidad del administrador social y su responsabilidad por deudas de la empresa, cabe distinguir dos acciones distintas para reclamar contra el administrador y solicitar su condena al pago de las deudas de la sociedad. Ambas acciones tienen un fundamento distinto a tener en cuenta cuando se platea la reclamación judicial contra el administrador.
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Hay sectores empresariales que están obligados, de forma específica, al cumplimiento de los requerimientos legales en materia de prevención del blanqueo de capitales. Se trata de empresas y profesionales que tienen una actividad que puede facilitar actividades de blanqueo de capitales, como la compra de un inmueble, o la de valores o activos o la creación de empresas.
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La rendición de cuentas es un mecanismo de control judicial para evitar los posibles abusos que pueden cometerse al administrar el patrimonio de una persona con discapacidad.
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La ley concursal, en su actual redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, establece unos mecanismos para que, declarado el concurso, se puedan detectar y rescindir aquellos actos que el deudor haya efectuado para ocultar bienes, o beneficiar a unos acreedores en perjuicio de otros previo a la solicitud de concurso. Son los actos rescindibles del concursado.
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Dentro de las distintas responsabilidades en que puede incurrir, además de las de índole mercantil, penal y fiscal, está la derivación de responsabilidad tributaria del administrador de sociedad insolvente.
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Los padres pueden desheredar a sus hijos, e incluso a sus nietos, por distintas causas que estan estrictamente reguladas por ley. Si en los bienes de la herencia hay un bien inmueble, al desheredar un hijo hay aspectos a considerar para evitar problemas.
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Cuando el deudor tiene interés en continuar su negocio pese a la crisis de solvencia, el convenio es un elemento esencial en el concurso de acreedores. Le permite reestructurar la deuda y salvar su empresa. El debido cumplimiento y conocer la eficacia del Convenio resulta esencial para aprovechar los beneficios de llegar a un acuerdo con los acreedores.
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El contrato de arras en la compra de un bien inmueble es un documento muy utilizado, que tiene una regulación propia en el derecho civil catalan.
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Una importante cuestión que se plantea cuando una persona sufre un deterioro cognitivo, es hasta qué punto sus actos son válidos o no. No siempre es fácil hallar el límite. En este artículo comentamos una Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la enfermedad de Alzheimer y la nulidad matrimonial por falta de capacidad para emitir el consentimiento por discapacidad mental de un cónyuge.
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La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo que ofrece al deudor insolvente persona física, la posibilidad de exonerar su pasivo insatisfecho, esto es, cancelar total o parcialmente sus deudas, sean públicas o privadas, permitiéndole así beneficiarse de una segunda oportunidad. Ahora con la reforma de 2022, se ha facilitado la tramitación.
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Desheredar es una forma de extinguir la legítima en Catalunya, específica del derecho civil catalán. Desheredar a un legitimario es privarle de su derecho a percibir la cuota legitimaria que legalmente le corresponde. No obstante, para que pueda darse tal privación deben concurrir unos requisitos legales específicos. En caso contrario la desheredación será injusta y, consecuentemente, impugnable.
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La asistencia de una persona adulta es la institución de ayuda a personas adultas con discapacidad que actualmente sustituye a la institución de la tutela judicial de las personas incapacitadas en Catalunya.
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En relación a la capacidad de las personas, la legislación civil catalana tiene su propia regulación. Su aplicación es de carácter preferente en Catalunya, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse. El derecho civil común, sólo es de aplicación como supletorio cuando no sea contrario al derecho propio o a los principios generales que informan el derecho sustantivo catalán. A diferencia del derecho civil sustantivo sobre capacidad, en materia de derecho procesal la ley aplicable es la ley común.
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El 3 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor la “Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Se introduce con dicha ley una importante reforma en el derecho respecto a la capacidad de las personas, que afecta en gran forma, y deroga, parte de la normativa hasta ahora vigente e introduce un nuevo régimen relativo a la «incapacitación judicial».
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La próxima puesta en el mercado de vacunas contra el COVID-19 pone en cuestión si las empresas pueden obligar a que sus empleados se pongan la vacuna, en especial en los casos en que los trabajadores, por el tipo de trabajo que realizan, no pueden teletrabajar.
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En el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, publicado en el BOE del 1 de abril de 2020, se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entre tales medidas se encuentran las relativas a la protección de las personas que, debido a las actuales circunstancias, se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que les impide afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual.
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Cuando se produce el fallecimiento de una persona, el/los llamados a la herencia la pueden aceptar o repudiar (lo que se conoce como renunciar) libremente tan pronto tengan conocimiento de que se ha producido la delación a su favor.
La delación es el llamamiento a suceder a todos los que hayan sido nombrados por el fallecido, en la sucesión testada, o a los previstos en la ley para la sucesión intestada.
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La presente situación con la aparición del coronavirus (“COVID-19”) ha hecho que surjan diversos frentes a los que la protección de datos de las empresas debe hacer frente.
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Una de las principales medidas que se deben adoptar para controlar la pandemia del Coronavirus, es el distanciamiento social. Esta medida se debe tomar en un momento en que las sociedades, sean de responsabilidad limitada o anónimas, ya están formulando cuentas y preparando las Juntas Generales de socios y accionistas, para el examen y aprobación de las cuentas anuales y la aprobación del resultado del ejercicio y de la gestión social del 2019. Incluso los administradores de algunas empresas ya han publicado en la web de la sociedad, o en el BORME, etc., dependiendo de las formas previstas en los Estatutos, la convocatoria para cumplir los plazos legales.
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Un sector interesante en la protección de datos es el de las apps y los wearables. No cabe duda de que hoy en día prácticamente todos usamos dispositivos móviles, smartphones, tabletas, pulseras, relojes inteligentes, etc. con sus apps dinámicas y fáciles de instalar.
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Una de las herramientas utilizadas en marketing para incrementar la base de contactos es la denominada “Enviar a un amigo”. Con esta herramienta, el departamento de marketing de una empresa implementa un sistema en su página web en que sus clientes pueden enviar recomendaciones y ofertas a amigos y conocidos a través de un formulario (con el nombre y correo del conocido) “enviar a un amigo”.
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Dentro del amplio abanico de posibilidades de que dispone el empresario, sea individual o social, para reestructurar o transmitir su empresa, la fusión empresarial es una operación jurídica que, desde la perspectiva de la finalidad buscada con la fusión, ofrece al empresario social tanto la posibilidad de efectuar una operación de crecimiento empresarial, como de transmisión de empresa.
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En primer lugar, es importante explicar qué se entiende como dato personal. El RGPD define el término cómo “toda información sobre una persona física identificada o identificable”.
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Entendemos como autor a la persona que es creadora o inventora de algo. Toda persona que tenga ideas originales tiene derechos de autor sobre sus creaciones y debería proteger legalmente su obra -en especial si quiere obtener un rendimiento- a fin de que nadie pueda usarla sin su permiso. Es importante remarcar que lo que la ley protege con los derechos de autor, no son las ideas, sino la expresión de éstas.
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La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha amparado los comentarios sarcásticos y el uso de fotografías en cuentas privadas en Internet en su Sentencia 476/2018 de 20 de julio de 2018.
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En nuestro día a día estamos rodeados de marcas, algunas más conocidas que otras: Iphone, Coca-Cola, etc…; pero también PYMES, autónomos y emprendedores usan marcas para distinguir sus productos o sus servicios de la competencia.
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No siempre los negocios salen como habíamos planeado. Hay varios motivos, muchos de ellos impredecibles, por los que una empresa deje, no sólo de dar beneficios sino que empiece a acumular deudas (proveedores, Seguridad Social, Hacienda, trabajadores, entidades bancarias, etc.).
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El nuevo Reglamento General sobre la Protección de Datos (RGPD), aplicable desde el 25 de mayo del 2018, aporta ciertas novedades en el campo de la protección de datos. En especial, se regula la elaboración de perfiles o profiling, ya que cada vez es más utilizado por las empresas.
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Los procesos de anonimización y de disociación reversible de datos personales, aplicables por las empresas, se diferencian en el carácter reversible, o no, de la información que permite identificar a una persona.
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El Delegado de Protección de Datos (DPO) es un pilar clave en la nueva regulación del RGPD y un garante del cumplimiento de la nueva normativa.
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En la actividad empresarial pueden haber elementos comprendidos en lo que entendemos como propiedad intelectual, pudiendo la empresa ser responsable de actuaciones ilícitas que alguno de sus miembros realice vulnerando las leyes que amparan dicha propiedad.
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El nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGDP) presenta novedades interesantes respecto de los principios del tratamiento de datos personales, que constituyen el núcleo central de las obligaciones del responsable del fichero.
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Una de las decisiones que afecta de forma importante la vida empresarial, es la de reducir el capital de una sociedad, sea limitada o anónima, que puede ser mediante la restitución de aportaciones sociales, ¿Pueden los demás socios imponerme la reducción del capital social mediante restitución de aportaciones?
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Todas las empresas tienen, en mayor o menor medida, información confidencial con valor propio que debe preservarse frente a los competidores. Son los secretos de empresa que pueden dar una ventaja competitiva importante a nuestro negocio.
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A partir del 1 de enero de 2018, el alquiler de viviendas para uso turístico o vacacional será informado por los intermediarios de forma detallada y periódica a la Agencia Tributaria.
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El Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 de mayo de 2017, ha sentado la doctrina de que una sociedad disuelta y liquidada e incluso cancelados sus asientos registrales puede ser parte en un proceso de reclamación de deudas, sin perjuicio de poder dirigirse también contra los antiguos socios, en un proceso de reclamación de deudas sobrevenidas.
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Respecto de la cláusula suelo, la prueba en la reclamación por el empresario, la prueba del nivel de información proporcionado al empresario por el banco es esencial para que pueda prosperar la reclamación por nulidad.
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La figura del encargado de tratamiento viene definida en el artículo 4.8 del RGPD como “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento”. Es decir, aquella persona que trabaje por encargo de un responsable de tratamiento y que trate datos personales para poder realizar sus servicios.
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La transmisión de la participación en el negocio familiar adquirida por herencia puede ser conflictiva. Heredar las acciones/participaciones de una PYME con poco ingresos, junto con otros miembros de la familia, con quien puede que estemos mal avenidos, puede generar una situación conflictiva a la que hemos de enfrentarnos, y es muy probable que nuestra intención sea la de vender al mejor precio las acciones / participaciones para salir de la sociedad.
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Según la nueva normativa de la Unión Europea, se podrán reclamar desde el inicio del préstamo hipotecario, las cantidades pagadas de más por la cláusula suelo
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La eficacia de las normas y principios de una empresa depende de la capacidad de ésta para detectar y corregir los incumplimientos.
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Respecto a la clausula suelo, la nulidad en los contratos firmados por profesionales y empresas puede ser reclamada al igual que los firmados por consumidores, pero con sus propias peculiaridades. Según el Tribunal Supremo, los profesionales y las empresas pueden reclamar la nulidad en base a los principios de la buena fe y del justo equilibrio de las prestaciones que rigen las normas contractuales.
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Autónomos y las PYMES también pueden reclamar por nulidad del Swap que hayan contratado, si se dan las circunstancias legalmente previstas para ello.
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La anonimización es una técnica que se aplica sobre los datos personales para que no se pueda identificar a las personas reduciendo así los riesgos de tratamiento masivo de datos, pero este proceso no está exento de riesgos.
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Uno de los principales motivos por los que, al decidirse a crear un negocio, un empresario elige constituir una sociedad de capital, sea en forma limitada o anónima, es el de crear un persona jurídica que sea independiente de los socios -o socio si es unipersonal- que la integran, y con su propio patrimonio, a fin de obtener como principal ventaja, la limitación de la responsabilidad por las deudas y obligaciones que contraiga la sociedad en el ejercicio de su actividad.
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En un contrato de arrendamiento, en caso de muerte del arrendatario o inquilino, pueden ocurrir varias situaciones:
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No toda acción ilegal determina la existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que tiene que ser la que está prevista para unos determinados delitos contenidos en el Código Penal.
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Según la legislación española, la firma electrónica es reconocida como “la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma”. A estos efectos, según el artículo 3.4 de Ley 59/2003, de 19 de diciembre, la firma electrónica tiene la misma validez que una firma manuscrita.
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El pacto entre socios, es una herramienta de gran utilidad para proteger el interés de la sociedad, las relaciones entre los socios y la de éstos con la sociedad. Es un documento esencial para nuevos negocios. En muchas ocasiones no bastan los Estatutos Sociales para resolver los problemas entre socios.
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Implementar un programa de Prevención de Riesgos Penales en nuestra empresa, sin importar su tamaño, nos permite tener instrumento preventivo eficaz para protegerla de una posible responsabilidad penal y mantener el control de los trabajadores, directivos y de los terceros que con ella colaboren.
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El «compliance Officer» es la persona u órgano encargado de gestionar y asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable
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Cuando una PYME crece de forma constante durante varios años, llega el punto en que se debe valorar si la realización de una operación de reestructuración empresarial podría ser beneficiosa. Los motivos para tal reestructuración pueden ser varios:
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La prevención es esencial para eludir responsabilidad criminal de nuestra empresa, sea grande, pequeña o un negocio autónomo.
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Las juntas de socios están estrictamente reguladas por la legislación mercantil. No obstante existen excepciones a la regla que se han ido modulando, como el nombramiento de administrador sin constar en el orden del día.
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En cuanto a las acciones de las Pymes, el valor de compraventa de sus acciones depende de varios factores. Las acciones son títulos de participación en el capital social de una empresa que atribuyen la cualidad de socio a su titular. Constituyen bienes muebles dentro de su patrimonio, por lo que su titular puede, en principio, venderlas libremente por el precio que pacte con el interesado en su compra.
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La reducción de costes siempre es una buena noticia para una PYME, pues bien, la actual normativa permite abaratar costes en la publicidad de la convocotaria de la Junta General
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