Autor: Campos Catafal

La transición entre ser una persona plenamente autónoma e independiente a necesitar ayuda externa por edad, enfermedad o discapacidad, no suele ser fácil. Por suerte, en la mayoría de las casos la transición se realiza de forma escalonada, lo que ayuda a una mayor facilidad de adaptación.

La legitimación procesal para solicitar el divorcio en casos de discapacidad intelectual plantea retos jurídicos relevantes. El derecho civil catalán y la doctrina del Tribunal Constitucional garantizan el ejercicio de los derechos matrimoniales mediante sistemas de soporte y control judicial reforzado.

La apertura de la sucesión en Cataluña es el hecho que marca el inicio del proceso hereditario. Determina cuándo nace la herencia, dónde se tramita y qué efectos produce para herederos, legitimarios y acreedores.

La herencia yacente en Catalunya es una figura jurídica de gran relevancia en el ámbito sucesorio, especialmente cuando existe un periodo intermedio entre el fallecimiento del causante y la aceptación o repudiación de la herencia por parte de los llamados a suceder. La comprensión de su correcta administración resulta esencial.

La asistencia representativa en el ámbito de la salud no debe ser entendida como una sustitución de la voluntad de la persona con discapacidad, sino como un mecanismo de garantía de sus derechos.

Respecto a la pregunta de si ¿puedo oponerme a que se nombre una Fundación asistente de la persona con discapacidad?, la respuesta es sí. No obstante, habrá que tener en cuenta las circunstancias de cada caso en concreto. El Tribunal es, en definitiva, quien decide en base a la prueba practicada.

Entender la diferencia entre discapacidad y dependencia es fundamental para acceder correctamente a los derechos y ayudas establecidos por las leyes. Aunque a menudo se utilizan ambos términos de forma indistinta, se trata de conceptos diferentes por naturaleza, valoración y efectos legales y administrativos. En este artículo abordaremos qué significa cada término, sus implicaciones prácticas y por qué su correcta distinción es esencial en contextos jurídicos, sanitarios.

¿Qué ocurre si una persona con discapacidad intelectual a la que se le ha designado judicialmente como medida de apoyo una persona con facultades representativas (curador en el derecho español, asistente en la legislación catalana) presenta demanda el divorcio sin autorización de la persona de apoyo?.

Tabla de contenidos

• Plazo para la revisión de las sentencias de incapacitación
• Dos criterios distintos respecto a la llamada «incapacidad»
• Obligación de revisión de las sentencias anteriores a la Ley 8/2021
• Principales modificaciones en la revisión de las sentencias dictadas con la anterior legislación
• Quien puede solicitar la revisión de la sentencia de incapacidad
• Necesidad de pedir la revisión por los tutelados o por los tutores designados judicialmente
• Resumen

Plazo para la revisión de las sentencias de incapacitación

El 3-9-2024 termina el plazo establecido por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, para revisar las sentencias de incapacitación y modificación de la capacidad, dictadas antes de la entrada en vigor de dicha ley.

La Ley 8/2021, que entró en vigor el 3 de septiembre de 2021, modificó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídico, tal y como comentamos en nuestro artículo sobre el nuevo criterio legal respecto a la incapacitación judicial.

Dos criterios distintos respecto a la llamada «incapacidad»

Con la nueva regulación de 2021 se modificó de forma decisiva el sistema de declaración de incapacidad de las personas.

En la legislación anterior, Se entendía que una persona se hallaba en situación de incapacidad cuando sufría enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas persistentes que le impedían gobernarse por sí misma. Las personas que se encontraban en una situación de incapacidad quedaban sin poder ejercer efectivamente sus derechos. Se las declaraba incapaces, o se les modificaba su capacidad de obrar, y se les designaba un tutor mediante sentencia judicial. Toda actuación se realizaba siempre por el tutor designado judicialmente, aunque en ocasiones no fuera necesario.

Por el contrario, en la actual legislación se prioriza la autonomía individual de la persona en situación de discapacidad. Ya no se modifica ni declara la incapacidad de una persona. Se busca que pueda tomar sus decisiones y ejercer su capacidad con un sistema de soportes adecuado para su caso en concreto.

En consecuencia, ha desaparecido la tutela de las personas mayores de edad. En Cataluña, con la aplicación del Decreto Ley 19/2021 de 31 de agosto por el que se adaptó el Código Civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad, han tomado el lugar de la tutela medidas de apoyo como la “guarda de hecho y la “Asistencia” representativa o no.

Según la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ley 19/2021, “a partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, tutela, curatela y potestad parental prorrogada o rehabilitada, reguladas por las disposiciones del título II del libro segundo del Código Civil de Cataluña no se pueden constituir en relación a las personas mayores”.

Obligación de revisión de las sentencias anteriores a la Ley 8/2021

Estamos ante un cambio radical en la forma de entender la situación de discapacidad de una persona. No se trata de un cambio de nombre o de la mera adaptación de figuras existentes. Se trata de un nuevo sistema de apoya a las personas que sufren una discapacidad de forma adecuada a sus necesidades concretas.

Por ello, la ley establece la revisión dentro del plazo de 3 años desde su entrada en vigor, para revisar las sentencias de incapacitación o modificación de la capacidad dictadas con fundamento en la anterior legislación. Es necesario que todas las situaciones de discapacidad se adapten a la nueva forma de entender la que se llamaba «incapacidad».

Principales modificaciones en la revisión de las sentencias dictadas con la anterior legislación

Evidentemente, tal y como hemos dicho, debe analizarse cada caso en concreto. Sin embargo, hay unas modificaciones esenciales que deben realizarse, como son:

• Dejar sin efecto la declaración de incapacitación o modificación de la capacidad acordada por la Sentencia que se revisa.
• Readaptar la situación de la persona en situación de discapacidad a las necesidades de soporte que concretamente precise. No se trata sencillamente de pasar de ser tutor a asistente representativo, sino que deben valorarse las medidas que necesita la persona con discapacidad en el momento en que se realiza la revisión del expediente de incapacitación. Quizás con medidas como la guarda de hecho puede bastar; o inclusivo puede darse el caso de que ya no sea preciso acordar ninguna medida. Al efectuar la revisión, el Juzgado debe valorar qué autonomía tiene la persona en situación de discapacidad tanto a nivel personal, doméstico, social como económico. En cualquier caso, debe tener presente que la adopción de medidas que puedan limitar la autonomía y la capacidad de autodeterminación debe ser el último recurso.

Quien puede solicitar la revisión de la sentencia de incapacidad

Algunas de las preguntas más habituales que nos formulan nuestros clientes son:

• qué plazo hay para pedir la revisión
• si deben esperar a que se revise de oficio su sentencia
• si pueden solicitar la extinción de la representación legal si consideran que ya no necesitan ningún tipo de apoyo

Pues bien, como hemos dicho, la Ley 8/2021 concede inicialmente a las personas con discapacidad y/o a las personas que están ejerciendo las medidas de apoyo, la posibilidad de solicitar su revisión durante un tiempo prudencial. Si no existera esta solicitud, el juez que fijó el apoyo o a instancia del Ministerio Fiscal ha de proceder a dicha revisión en un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor el 3-9-2021 de la ley 8/2021, es decir, hasta el 3-9-2024.

Pueden solicitar, en cualquier momento, de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se han establecido antes de la entrada en vigor de la Ley 8/2021:

• La propia persona con situación de discapacidad. Las personas con capacidad modificada judicialmente, los declarados pródigos, los progenitores que tengan la patria potestad prorrogada o rehabilitada,
• Los tutores, curadores, defensores judiciales y apoderados preventivos

Necesidad de pedir la revisión por los tutelados o por los tutores designados judicialmente

Una cuestión importante a tener en cuenta, es que los tutores de personas mayores de edad designados judicialmente antes de la vigencia de la Ley 8/2021, dado que el cargo de tutor ya no es factible con la nueva legislación, se pueden encontrar que en caso de no aportar la documentación que acredite la revisión de su cargo y su nueva designación como asistente dentro del plazo establecido por la Ley (es decir hasta el 3-9-2024 como hemos dicho al principio) sus facultades de representación venzan y ya no puedan actuar en representación de la persona con discapacidad por ejemplo frente a las entidades bancarias.

Resumen

La revisión de las sentencias dictadas con anterioridad a la Ley 8/2024 es una medida establecida en beneficio de la persona con discapacidad, quien siempre es prioritaria. Es no sólo una necesidad para la adaptación al nuevo criterio legal ante una persona en situación de discapacidad; sinó también una medida de protección para evitar ningún perjuicio a la persona con discapacidad.

Campos Catafal es un despacho de abogados en Barcelona, que lleva asesorando y representando a sus clientes desde 1983. Recuerde que el presente artículo es informativo y no sustituye el asesoramiento legal de un abogado. Si desea nuestro asesoramiento profesional sobre este tema, contacte con nosotros.

Foto de Sora Shimazaki

La guarda de hecho y la asistencia son dos instituciones contempladas en el Código Civil de Catalunya para la protección de las personas que se encuentren en situación de discapacidad.

El ámbito de protección de las personas mayores abarca distintos campos. Envejecer no es fácil y menos aun cuando se produce el declive intelectual con cambios patológicos en el cerebro de una persona. En tales casos, la protección de las personas mayores se convierte en una necesidad esencial.

La situación de herencia yacente que se dilata en el tiempo es más habitual de lo que podría pensarse, y tiene importantes repercusiones respecto de los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la masa patrimonial hereditaria; ello tanto si se trata de una herencia compleja, cuantiosa o de la herencia de una persona que tenía deudas.

Desheredar es una forma de extinguir la legítima en Catalunya, específica del derecho civil catalán. Desheredar a un legitimario es privarle de su derecho a percibir la cuota legitimaria que legalmente le corresponde. No obstante, para que pueda darse tal privación deben concurrir unos requisitos legales específicos. En caso contrario la desheredación será injusta y, consecuentemente, impugnable.

Normativa catalana sobre discapacidad

En relación a la capacidad de las personas, la legislación civil catalana tiene su propia regulación. Su aplicación es de carácter preferente en Catalunya, sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse. El derecho civil común, sólo es de aplicación como supletorio cuando no sea contrario al derecho propio o a los principios generales que informan el derecho sustantivo catalán. A diferencia del derecho civil sustantivo sobre capacidad, en materia de derecho procesal la ley aplicable es la ley común.

El 3 de septiembre de 2021 ha entrado en vigor la “Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Se introduce con dicha ley una importante reforma en el derecho respecto a la capacidad de las personas, que afecta en gran forma, y deroga, parte de la normativa hasta ahora vigente e introduce un nuevo régimen relativo a la «incapacitación judicial».

Cuando se produce el fallecimiento de una persona, el/los llamados a la herencia la pueden aceptar o repudiar (lo que se conoce como renunciar) libremente tan pronto tengan conocimiento de que se ha producido la delación a su favor.

La delación es el llamamiento a suceder a todos los que hayan sido nombrados por el fallecido, en la sucesión testada, o a los previstos en la ley para la sucesión intestada.